En otro capítulo de la interminable novela judicial cubana, el Tribunal Supremo ha vuelto a demostrar que en la isla las leyes existen… pero solo como sugerencias decorativas. En esta ocasión, el protagonista no es un criminal ni un activista, sino una jueza: Melody González, funcionaria del sistema judicial que fue reconocida oficialmente como autora de irregularidades procesales. La conclusión del tribunal: sí, hubo errores, sí, se vulneraron derechos, pero no, no habrá consecuencias. Todo sigue su curso como si nada.
Bienvenidos al universo kafkiano del derecho cubano, donde la justicia se sirve fría, tibia o directamente no se sirve. Un país donde puedes ser culpable… sin haber tenido un juicio justo, y donde un juez puede fallar fuera del marco legal sin que eso invalide su sentencia. Porque en Cuba, el Estado no se equivoca. O si lo hace, no es asunto suyo corregirse.
La versión caribeña del realismo mágico
El comunicado del Tribunal Supremo parece escrito por Gabriel García Márquez en plena resaca de ron: admite que la jueza González incurrió en “conductas impropias”, que hubo “fallos en el debido proceso” y que se actuó “fuera del marco legal correspondiente”. Sin embargo, todo eso se considera insuficiente para revisar la causa. En resumen: se reconoce el delito, pero se absuelve al sistema.
Este tipo de decisiones, aunque alarmantes, no son excepcionales en el escenario cubano. La justicia en la isla funciona con un principio inverso al clásico “dura lex, sed lex”: aquí la ley es blanda, pero inflexible… con los de abajo. Porque cuando un ciudadano comete un error, se le cae todo el peso del sistema encima. Pero cuando es el sistema el que se equivoca, el ciudadano también paga.
Sanción: una conversación seria y sin café
Las consecuencias para la jueza, según fuentes no oficiales, han sido ejemplares… al estilo cubano: una severa “conversación seria” y dos semanas sin acceso a la cafetera de la oficina. Nada de suspensión, inhabilitación o apertura de una causa disciplinaria. Porque en Cuba, la impunidad también tiene rango institucional.
Un abogado que prefirió el anonimato —porque todavía tiene que fichar su entrada en el bufete cada mañana— lo resumió con precisión sarcástica:
“Es como si te dicen que el árbitro robó en el partido, pero igual te quitan los puntos… ¡y encima te multan por protestar!”
Cuando la justicia es un acto de fe
El caso de Melody González no es aislado. Forma parte de una larga tradición en la que el sistema judicial opera como una extensión de la lógica política, más interesada en preservar el control que en garantizar derechos. Las garantías procesales en Cuba, cuando existen, se aplican de manera selectiva. No hay independencia judicial real. El debido proceso es un lujo, y la revisión de sentencias, una posibilidad tan remota como navegar por internet sin VPN.
Y sin embargo, desde el aparato del Estado, se sigue insistiendo en que “Cuba es un Estado de derecho socialista”, una frase que combina términos jurídicos con fe ideológica, pero que en la práctica se traduce en obediencia vertical, impunidad de los poderosos y resignación de los ciudadanos.
La paradoja de la justicia a la criolla
Este episodio también revela una paradoja profundamente cubana: se admite públicamente que hubo fallos —algo que en otros países implicaría escándalo, revisión inmediata del caso y consecuencias administrativas—, pero en Cuba, ese reconocimiento se convierte en una forma de cerrar el debate. Se expone la herida para luego taparla con una curita simbólica, sin necesidad de curarla.
Y es que el sistema cubano está diseñado no para corregirse, sino para justificarse a sí mismo, incluso cuando se contradice. Es el único tribunal donde se puede decir “sí, actuamos mal” y a la vez “pero no vamos a hacer nada al respecto”.
Mientras la jueza González sigue en su puesto —o al menos no ha sido apartada oficialmente— los afectados por su fallo esperan una explicación que no llegue en forma de consigna. Quieren justicia, pero reciben una versión burocrática del “circulen, aquí no ha pasado nada”.
La ley en Cuba se proclama desde los estrados, pero se negocia en los pasillos. Las garantías existen en el papel, pero no en la práctica. Y el ciudadano queda, como casi siempre, en la incómoda posición de confiar en un sistema que no confía en él.
Porque al final del día, la justicia en Cuba no es ciega, pero sí miope, sorda y con alergia a la autocrítica. El veredicto está claro: culpable… pero seguimos.
